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28
Nov

Retos del sector de la Teleformación ante el cambio de competencias

Desde su aparición hace apenas 20 años, el prometedor sector de la teleformación ha superado con creces los múltiples obstáculos encontrados en su camino.

Pero en estos momentos se enfrenta al reto más delicado de su historia: el cambio de competencias  provocado por la Sentencia 81/2017 dictada por el Tribunal Constitucional, que anula parte de las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en teleformación, y pasan a las Comunidades Autónomas.

Este fallo supone un auténtico jarro de agua fría para el sector. La teleformación se ha transformado y ha crecido exponencialmente en los últimos años, gracias a:

  • La iniciativa del SEPE de sentar las bases del crecimiento de la teleformación, mediante una regulación a nivel nacional.
  • Las inversiones realizadas por las empresas para adaptarse a las exigencias del SEPE, creando contenidos de calidad, accesibles e interactivos, que permitan el aprendizaje de forma flexible y su puesta en práctica en el desempeño de las ocupaciones.

A partir de ahora el SEPE establecerá los requisitos que los centros deben cumplir para acreditarse, pero serán las Comunidades Autónomas las que tengan la competencia para verificar si los centros, plataformas y contenidos cumplen esas condiciones.

Este cambio de competencias plantea dos grandes retos:

  1. El tiempo que las CCAA necesitarán para poner en marcha sus procesos de acreditación.

Aunque existen más de 600 entidades acreditadas que pueden desarrollar una labor profesional y cubrir parte de las necesidades formativas de los ocupados y desempleados de España, se necesita poner en marcha nuevas acreditaciones, ampliar la red de centros conveniados, etc., trámites que ahora mismo no pueden realizarse, pues quien sabe cómo hacerlo ya no tiene las competencias, y quien tiene las competencias todavía no ha establecido los procedimientos para hacerlo.

Además, el Tribunal Constitucional no ha indicado, como hubiese sido necesario, un tiempo de transición para que el cambio se haga efectivo, sino que la medida ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación.

Todo esto deja al sector en una situación de gran incertidumbre. A lo que se suma la sospecha de que la actuación se va a dilatar en el tiempo, teniendo en cuenta que las CCAA tienen que establecer procedimientos, preparar al personal, dotarse de apoyos, ……

 

  1. La necesaria coordinación entre las distintas CCAA y el SEPE, para proceder al cambio de competencias sin provocar un caos en el sector. Es imprescindible que todas las CCAA realicen la misma interpretación de la norma, ya que de no ser así, el sector se verá abocado a una situación de caos, donde los criterios de acreditación variarán de una CCAA a otra.

Otra gran duda que nos surge es si las Comunidades Autónomas podrán exigir requisitos adicionales a los que marque el SEPE.

No podemos olvidar que la Ley 30/2015 establece que la acreditación es única y tiene carácter nacional, lo que implica que una entidad con un certificado acreditado por una Comunidad o directamente por el SEPE, no tendrá que volver a acreditarlo en otra.

Como asociación que aglutina a las principales empresas de teleformación del país, rogamos a las Comunidades Autónomas aborden el presente asunto con urgencia y decidan si, en favor del sector y la sociedad, van a hacer una encomienda de gestión a favor del SEPE, o si van a asumir las competencias adjudicadas.

De optar por la segunda alternativa, les rogaríamos que pongan en marcha el servicio de acreditación con la máxima celeridad posible, y se coordinen con el SEPE con objeto de nutrirse de su experiencia y realizar una interpretación unificada de la norma.

De la forma en que se produzca el cambio de competencias, y sobre todo del periodo de tiempo que transcurra depende un sector con un enorme potencial de crecimiento, que se está viendo muy perjudicado por anteponer las luchas ideológicas de algunos políticos a las necesidades formativas y laborales de los ciudadanos y de sus empresas.

Artículo redactado por Pedro J. Gómez

Presidente de la Comisión de Formación y Empleo de APeL

 

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