Posibles cambios importantes en la Formación Continua, incluido Formación Bonificada.
Según el medio online El Confidencial, el Gobierno se plantea derogar la ley de formación y se arriesga a paralizar los cursos. El traspaso de las competencias de la formación profesional en el empleo al Ministerio de Educación requiere de la derogación de la Ley 30/2015, que regula el reparto de fondos. Por ello, en el Congreso de Aenoa hemos preparado una Mesa Redonda para que distintos agentes del sector indiquen su opinión y las novedades al respecto (Congreso: 5 y 6 de marzo en Madrid).
Esta pelea entre Ministerios puede provocar una paralización de la formación continua, incluido los cursos de Formación Bonificada o Programada. El Ministerio de Educación ha planteado la derogación de la Ley 30/2015 y del Real Decreto-ley 4/2015 en un documento interno que contempla el traspaso de competencias, fondos y personal del SEPE Estatal al propio Ministerio de Educación. La discrepancia por los 2.300 millones de euros de FPE entre el Ministerio de Educación y el de Trabajo sigue generando problemas, y causaría incertidumbre en el sector de la Formación.
El Gobierno quiere retirar esta competencia a Trabajo, y pasarla a Educación, y ello provocaría una paralización de la Formación Continua, es decir, de los cursos para trabajadores que se financian con las cuotas de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social. Esto ocurre en una coyuntura delicada, ya que la digitalización actual obliga a un reciclaje y la alta tasa de paro hace necesario formar a los desempleados para que puedan encontrar un empleo. Los Agentes Sociales dice que sólo se necesita realizar retoques en la norma, pero no eliminarla al completo. Ya que el cambio produciría un vacío normativo que bloquearía por completo la Formación Continua, como ya informamos en www.aenoa.com.
El Ministerio de Educación quiere recibir el traspaso de competencias, fondos, y personal, basándose en un acuerdo entre los partidos gobernantes. Con argumentos como buscar la consolidación del crecimiento y la creación de empleo de calidad, impulsando las transformaciones estructurales que posibiliten el crecimiento potencial, la productividad, la capacidad de creación de empleo de calidad y la competitividad de la economía española con el objetivo de modernizar el sistema productivo, hacer efectiva la transición ecológica y sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo.
Buscando también mejorar la coordinación con las CCAA, garantizar una atención individualizada, profesional e integral a los desempleados, dirigida a su reincorporación al mercado de trabajo, prestando especial atención a los jóvenes, parados de larga duración y a los supuestos de exclusión social. Buscar fórmulas de Formación Profesional Dual, incorporando a las empresas y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa. Impulsaremos una nueva Ley de Ordenación de la FP que incluya una regulación específica de la FP Dual y que incorpore en todos los títulos un módulo de digitalización.
El gobierno dice que reformará el Catálogo de Cualificaciones Profesionales para adaptar las titulaciones a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI. Actualizará los contenidos de los títulos actuales (ciberseguridad, robótica colaborativa y avanzada, Big Data y análisis de datos, Fabricación 2D y 3D, realidad ampliada y realidad virtual y conectividad, entre otros), sin olvidar oficios tradicionales de alta cualificación. Al mismo tiempo, intentará agilizar los procesos de Evaluación y Acreditación de Competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, mejorar la competitividad, las oportunidades de los trabajadores e incentivar la formación continua.
Según Educación le corresponde la Formación Profesional en materia educativa y de formación profesional del sistema educativo y para el empleo. Y propone que se traspase la competencia en materia de formación profesional para el empleo, que hasta ahora la desarrollaba Trabajo. Y el objetivo es poner en marcha un nuevo modelo de formación profesional que pasa a formar parte del conjunto de transformaciones estructurales. Es decir, eliminar la Ley 30 y crear una nueva, lo que paralizará la Formación Continua.
La nueva competencia está definida en el RD 2/2020, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y se ocuparán de la ordenación de la FPE, especialmente de los certificados de profesionalidad y de cualquier otra modalidad de oferta o programa de formación continua. Con los presupuestos de Formación Profesional para el Empleo, de su personal, sus funciones, gastos corrientes en bienes y servicios, programas, inversiones, etc. La relación de puestos de trabajo de funcionarios de la Subdirección General de Políticas Activas de empleo corresponde a unos 90 puestos.
Se busca al mismo tiempo, planificar la ejecución, control, gestión y seguimiento de la oferta de formación profesional para el empleo, en coordinación con Fundae y las CCAA, transformar la red de centros de referencia nacional, indicar las condiciones para la inscripción, registro y acreditación de los centros y entidades que imparten FPE, la expedición de certificaciones y acreditaciones, y el registro general de todas las ellas, incluidas las acreditaciones parciales. También la convocatoria de procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y vías no formales de formación.
El concepto de Formación Profesional para el empleo hace referencia no sólo a las acciones formativas asociadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, como es el caso de los Certificados de Profesionalidad, sino a otras acciones incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal, incluyendo acciones tanto para ocupados, como para personas en búsqueda de empleo o desocupadas. Incluido también la Formación Programada de las Empresas.
Se suman los distintos tipos de formación, cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de FPE a parados, oferta formativa para trabajadores desempleados, oportunidades de empleo y formación de la red de centros públicos, centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional, iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados, costes adicionales del contrato de formación y aprendizaje, programas de fomento de empleo, seguros, becas y ayudas alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, Y LOS 661 MILLONES DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA O BONIFICADA.
Los sindicatos y la patronal afirman que es un error pasar la Formación Continua del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Educación, y que además no se ajustaría a la normativa actual en el ámbito laboral. Pero el debate está sobre la mesa, y por ello hemos organizado un Foro en el Congreso de Aenoa para escuchar distintas versiones, opiniones y soluciones a este problema.
Más info en: https://congresosdeformacion.com/programa/
