Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

La relación entre la formación y el empleo.

Según la Encuesta de Población Activa, se observa una relación directa entre nivel formativo y tiempo de permanencia en desempleo, donde la tasa de paro de los sólo tienen estudios primarios es 2,7 veces superior a los de estudios superiores, o el 54% de los desempleados no ha superado la educación secundaria. Por ello, es fundamental la formación profesional para el empleo para evitar que una parte importante de la población activa se perpetúe en situación de desempleo

La oferta formativa para Ocupados se basa en programas de formación sectorial, o transversal, o de cualificación y reconocimiento profesional. Mientras que la oferta formativa para Desempleados se desarrollará mediante los programas de formación para cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción, o los específicos de formación dirigidos a desempleadas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción, o los que incluyen compromisos de contratación.

El Sepe ha aprobado 384 planes de formación con casi 10.000 acciones formativas, destacando las áreas relacionadas con la digitalización, las tecnologías de la comunicación, el comercio y el marketing. Además, la modalidad de formación online es la más utilizada para el acceso a los distintos certificados de profesionalidad y a las especialidades formativas que forman el catálogo de cursos ofertados.

Por otro lado, se intenta dar un impulso al contrato para la formación y el aprendizaje, que busca favorecer el acceso al primer empleo de los jóvenes. Uno de sus objetivos es dotar de una cualificación profesional a los trabajadores en un régimen que alterna la formación con la actividad laboral retribuida en una empresa (formación dual). La actividad formativa se puede desarrollar como un sistema de formación profesional para el empleo (certificados de profesionalidad) o en el sistema educativo (título de formación profesional). Se considera que el contrato de formación y aprendizaje debe pagar al empleado como mínimo el salario mínimo interprofesional (SMI).